Inesperadamente y sin aviso previo. Así se ha colado la Ley de Pagos a Proveedores en los procesos de tramitación de ayudas a la inversión en el sector agroalimentario. Y es que hace unos días observábamos con preocupación cómo la reciente aplicación retroactiva de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2020, podría afectar negativamente a la tramitación de subvenciones al sector, como es el caso de las VINATI o las FOCAL. Esta legislación, que durante años no había sido un foco de atención en el contexto de las ayudas y subvenciones, ha sido repentinamente aplicada, causando un impacto considerable en la justificación de inversiones por parte de nuestros clientes.
¿Qué exige la Ley de Pagos a Proveedores?
La Ley de Pagos a Proveedores establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fijando plazos máximos para que los deudores cumplan con sus proveedores. Concretamente, la ley dispone que:
- Plazos de pago: El plazo máximo para el pago a proveedores es de 30 días naturales después de la recepción de las mercancías o la prestación de los servicios. Este plazo puede extenderse hasta 60 días naturales si existe un acuerdo entre las partes.
- Documentación requerida: Para justificar las ayudas, ahora es necesario acreditar que todos los pagos se han realizado dentro de los plazos establecidos por la Ley 3/2004. Esto incluye la presentación de facturas, justificantes de pago y, en ciertos casos, contratos con proveedores que indiquen los plazos acordados para el pago.
- Implicaciones para las subvenciones: Según las modificaciones recientes introducidas por las Órdenes 103/2024 y 82/2024, los gastos que no hayan sido pagados dentro de los plazos establecidos por la ley no serán considerados subvencionables. Esto significa que cualquier retraso en el pago a proveedores puede resultar en la denegación de la subvención.
Impacto en el sector agroalimentario
Hasta hace poco, esta normativa no había sido considerada en los procesos de gestión de subvenciones. Sin embargo, en un giro inesperado, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, junto con otras comunidades autónomas, emitió órdenes que exigen la aplicación de esta ley justo en la recta final de los plazos de justificación de inversiones.
Desde Pastrana Ingeniería y Servicios, cuestionamos la premura con la que se han implementado estas exigencias, especialmente considerando que la legislación lleva en vigor desde 2004 sin haber sido aplicada en este contexto. Nos preguntamos por qué no se incluyeron estas disposiciones desde la publicación de las bases reguladoras de las ayudas, lo que habría permitido a los beneficiarios estar mejor preparados.
El sector agroalimentario, conocido por su responsabilidad en las relaciones comerciales, podría verse afectado injustamente debido a la complejidad de esta nueva interpretación legal. Muchos acuerdos entre clientes y proveedores se basan en la confianza mutua, y la aplicación estricta de esta ley podría resultar en la denegación de ayudas esenciales, lo que pondría en riesgo la continuidad de proyectos de inversión importantes.
En Pastrana Ingeniería y Servicios, seguiremos apoyando a nuestros clientes para navegar por este nuevo desafío y asegurarnos de que cumplan con todos los requisitos necesarios para obtener las subvenciones que se les han prometido. Instamos a la Administración a considerar una interpretación más justa y acorde con las realidades del sector, de manera que las ayudas no se pierdan por tecnicismos legales que podrían haber sido evitados con una planificación más transparente y considerada.
