El pasado 27 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, una iniciativa que, sobre el papel, busca revertir la degradación de los ecosistemas europeos y restaurar la biodiversidad. Con el objetivo de restaurar, al menos, el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030 y…
El sector agrícola europeo, en general, y español, en particular, se encuentra en una encrucijada histórica. Con el anuncio del gobierno de eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, los agricultores se enfrentan a un futuro incierto. La Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP28), celebrada a finales del año pasado, ha sido el último escenario donde España, alineándose con otras once naciones, ha decidido avanzar hacia una economía menos dependiente de los combustibles que han alimentado la industria y la agricultura durante décadas.
«La venganza del campo” (Almuzara Libros) es el título del nuevo libro publicado por Manuel Pimentel, el que fuera Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000, durante el gobierno de José María Aznar. En él nos invita a reflexionar sobre una realidad que, aunque incómoda, es cada vez más palpable: el progresivo abandono y desprecio hacia el sector primario. A través de un enfoque crítico y documentado, Pimentel destapa las consecuencias de esta tendencia, que se manifiesta en el aumento de precios y la reaparición de crisis alimentarias, que muchos creían cosa del pasado.
La agroindustria es un sector fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de millones de personas. Sin embargo, nos encontramos con que, según datos de la FAO, la agricultura y el uso del suelo representan el 24% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En un mundo cada vez más consciente de los desafíos climáticos, la agroindustria se enfrenta a la necesidad de adaptarse a prácticas más sostenibles. En este contexto, los mercados voluntarios de carbono emergen como una solución prometedora que ofrece una oportunidad para incentivar y financiar acciones de mitigación y adaptación en este sector. Pero, ¿qué son exactamente estos mercados y cómo benefician a la agroindustria? ¿Está realmente la agroindustria preparada para participar en ellos?
El pasado 30 de marzo se aprobó la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, una norma cuyo objetivo, sobre el papel, es fomentar la agricultura familiar, un activo vital para la sostenibilidad del medio rural; preservar los alimentos típicos del territorio; contribuir a una producción tradicional de alimentos; salvaguardar la biodiversidad agraria y el uso sostenible de los recursos naturales, así como mejorar la sostenibilidad social y económica del entorno. La Ley viene con polémica.
La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha aprobado el Decreto 71/2020, de 9 de noviembre, por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos ligados a la explotación agraria. El objetivo de esta venta directa es apoyar y promover las cadenas de suministro de alimentos gestionadas por las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería, con el fin de establecer una relación directa con los consumidores, permitiendo así que pueda obtenerse un reparto más equitativo del valor del precio de venta final, al reducirse el número de agentes intermediarios y de etapas del proceso.
La crisis sanitaria sin precedentes que estamos viviendo en España, provocada por el coronavirus o COVID-19, está poniendo “patas arriba” el mundo tal y como lo conocemos. El estado de alerta decretado por el Gobierno ha confinado a una gran parte de la población en sus hogares, a la que solo se permite salir para cubrir necesidades básicas, como el trabajo (aquellos que no pueden ejercer “teletrabajo”) y la adquisición de bienes de primera necesidad. Por ello, creemos que es un buen momento para reflexionar sobre el carácter estratégico de nuestro sector agroalimentario y todo lo que ello conlleva.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado un paquete de medidas para valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos, con el fin de que obtengan unos precios adecuados por sus productos. Esta decisión se ha dado a conocer tras presidir, el pasado 3 de febrero, la reunión constitutiva de la Mesa de Diálogo Agrario entre el Gobierno y las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA.
Nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Uno de estos impactos negativos sería la puesta en riesgo de la viabilidad comercial a medio plazo de algunos cultivos, como los cítricos, la vid y el olivo.
El pasado viernes, 1 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Orden 11/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en Castilla-La Mancha para el año 2019, su forma y plazo de presentación. El plazo permanecerá abierto para las solicitudes hasta el próximo 30 de abril.
