El sector agrícola europeo, en general, y español, en particular, se encuentra en una encrucijada histórica. Con el anuncio del gobierno de eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, los agricultores se enfrentan a un futuro incierto. La Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP28), celebrada a finales del año pasado, ha sido el último escenario donde España, alineándose con otras once naciones, ha decidido avanzar hacia una economía menos dependiente de los combustibles que han alimentado la industria y la agricultura durante décadas. Este compromiso, enmarcado dentro de una tendencia global hacia políticas de sostenibilidad que buscan equilibrar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente, deja al campo en una situación de incertidumbre total.
La gran paradoja, como de costumbre, reside en buscar culpables entre sectores básicos para la economía y la subsistencia de cualquier país, como es el caso de la agricultura, la ganadería o la pesca, en lugar de perseguir a aquellas grandes potencias mundiales como China, Rusia o India, que incrementan anualmente sus emisiones contaminantes al medio ambiente.
La política de subsidios: un cambio de paradigma
La política de subsidios a los combustibles fósiles ha sido un pilar en la economía de los sectores primarios en España. Estas ayudas han permitido que la agricultura, la pesca y la industria mantengan precios competitivos en el mercado. Sin embargo, esta comodidad financiera se ve amenazada por la presión global para adoptar medidas más sostenibles. El documento firmado en la COP28 marca un antes y un después, delineando un compromiso para reducir y eventualmente eliminar estas bonificaciones fiscales, en un esfuerzo por alinear las políticas nacionales con los objetivos de sostenibilidad global.
Para los agricultores, la eliminación de los subsidios significa enfrentarse a un aumento significativo en los costes de producción. El diésel, la gasolina y el gas natural son fundamentales en las operaciones diarias del campo y de las explotaciones agrícolas y ganaderas, y sin las bonificaciones fiscales, el precio de cultivar, cosechar y transportar productos podría dispararse, reduciendo los márgenes de beneficio y aumentando los precios al consumidor. Además, este incremento en los costes podría incrementar aún más los desafíos existentes, como la competencia con productos agrícolas importados, que se benefician de políticas más permisivas en sus países de origen.
El sector agrícola se moviliza
Frente a este cambio inminente, las principales asociaciones agrarias de toda Europa han levantado la voz en una serie de movilizaciones y protestas. Estas protestas, que comenzaron en Alemania, han visto como se sumaban los agricultores franceses (que en determinados momentos han pagado el pato con enemigos equivocados, como los camiones españoles) y, en estos últimos días, también españoles, portugueses e italianos.
Estas acciones no solo buscan presionar a los gobiernos para que reconsideren su postura o, al menos, proporcionen medidas compensatorias, sino que también son un reflejo del profundo descontento que existe en el campo. Los agricultores demandan soluciones y políticas que les permitan continuar su labor sin verse ahogados por los costos crecientes.
Un contexto de inflación y desafíos globales
La decisión de recortar los subsidios se da en un contexto económico marcado por la inflación y el aumento de los precios de la energía a nivel mundial. El informe del FMI señala que España incrementó sus subsidios a los combustibles fósiles en un intento por mitigar estos efectos, pero estas medidas son insostenibles a largo plazo. La tensión entre la necesidad inmediata de apoyo económico y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo se hace cada vez más patente.
Los expertos en economía y sostenibilidad advierten que mientras la transición energética es esencial, debe ser gestionada de manera que no deje atrás a los sectores más vulnerables de la sociedad. Abogan por soluciones integradas que incluyan inversiones en tecnologías limpias y eficientes, así como un enfoque gradual que permita a los agricultores adaptarse a la nueva realidad económica.
La transición energética, por lo tanto, no es solo una cuestión de voluntad política o compromiso ambiental, sino también un desafío de reestructuración económica. En el caso de España, el gobierno debe navegar cuidadosamente para equilibrar los imperativos climáticos con las realidades económicas de los sectores afectados, garantizando que la carga de esta transformación no recaiga desproporcionadamente sobre los hombros de los agricultores y trabajadores.
Impacto en la agricultura y en otros sectores
La agricultura, con su intrínseca conexión con la tierra y dependencia de los recursos naturales, se encuentra en la primera línea de impacto de la reforma energética en España. El sector, que tradicionalmente ha operado con márgenes ajustados, ahora enfrentará un aumento en los costos de producción debido a la reducción planificada de los subsidios al combustible. Esta medida no solo afecta directamente al coste del diésel y la gasolina, fundamentales para el funcionamiento de maquinaria y sistemas de transporte, sino que también tiene un efecto dominó en otros insumos, como fertilizantes y productos químicos, cuya producción y distribución son intensivos en energía.
Para los agricultores, que ya luchan contra las inclemencias del cambio climático, la volatilidad de los mercados y la presión por cumplir con estándares de producción cada vez más rigurosos, la eliminación de los subsidios representa un desafío formidable. La rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas podría verse seriamente comprometida, llevando a una reestructuración del sector que podría tener implicaciones no solo económicas, sino también sociales y culturales. De no buscar soluciones, la agricultura dejará –aún más– de ser competitiva, quedando en manos de terceros países con costes productivos más baratos y sin ningún tipo de restricciones al cultivo y producción, abandonando a su suerte al sector primario y poniendo en riesgo, en muchos casos, la seguridad alimentaria.
Las demandas del campo español
Las principales asociaciones agrarias en España, como Asaja, COAG y UPA, están liderando las protestas y han presentado una serie de demandas con el objetivo de mejorar las condiciones del sector agrícola en el país. Estas demandas abarcan medidas a nivel europeo, estatal y de las comunidades autónomas, reflejando la necesidad de abordar los desafíos en múltiples frentes.
Una de las principales preocupaciones de los agricultores es la competencia desleal que perciben debido a las importaciones de productos agrícolas de fuera de la Unión Europea. Argumentan que estos productos no cumplen con las estrictas normativas fitosanitarias y de producción de alimentos de la UE, lo que crea una competencia desigual. Exigen que se detengan las negociaciones de acuerdos comerciales, como el del Mercosur, y que no se ratifique el acuerdo con Nueva Zelanda. Consideran que estas importaciones amenazan la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa.
Otra demanda importante es la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales que afectan a los precios que los agricultores reciben por sus productos. Los agricultores buscan garantizar que los precios cubran los costes de producción, lo que es esencial para su sustento y la viabilidad a largo plazo de sus explotaciones.
Además, han solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar otros problemas del sector, como las consecuencias de la sequía, los precios y costos de producción, la simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC), los sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
En conclusión, el conflicto en el sector agrícola europeo refleja la compleja intersección entre las preocupaciones medioambientales, económicas y comerciales. Mientras los gobiernos europeos se esfuerzan por reducir los subsidios a los combustibles fósiles en línea con los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, los agricultores expresan sus temores por la competencia desleal y la viabilidad económica de sus explotaciones.
La Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión, donde debe buscar soluciones que equilibren la necesidad de una agricultura más sostenible con la protección de los intereses de los agricultores. El diálogo y la colaboración entre los diferentes actores son esenciales para encontrar un camino que garantice la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar de quienes trabajan la tierra en Europa. El futuro de la agricultura europea dependerá, en gran medida, de la capacidad de encontrar este equilibrio.
