El sector agroalimentario es estratégico para la economía española y lo está siendo aún más durante la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Está claro que ha respondido de manera ejemplar, continuando con su actividad en las circunstancias más difíciles gracias a la tenacidad de productores, trabajadores y empresarios del sector agrario y pesquero, así como de la distribución, desde el momento en que se decretó el estado de alarma. Sin embargo, el camino no está siendo nada fácil y el sector se enfrenta a grandes dificultades que deben ser tenidas en cuenta, tanto durante el tiempo de estado de alarma como una vez iniciada la tan ansiada desescalada.
Bajo el lema “Alimentáis nuestra vida”, las autoridades competentes han dejado claro, desde el inicio de la crisis, que la producción agrícola, ganadera y pesquera, la industria de transformación de estos productos, los centros veterinarios, el transporte y la distribución de alimentos, así como su comercialización a través de la venta minorista al consumidor, son actividades prioritarias, que aseguran el abastecimiento alimentario a la población y cuyo buen funcionamiento, por tanto, debe garantizarse. Pero, ¿se tienen en cuenta los diferentes problemas a los que se está enfrentando el sector a la hora de tomar medidas?
Confinamiento y cierre de la hostelería
El análisis de consumo en el hogar del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación constata que durante las semanas que dura el confinamiento, el consumo de alimentos en los hogares se ha incrementado por encima del 20% con respecto al mismo periodo de años anteriores. Sin embargo, tras unas primeras semanas en las que se compraron y almacenaron productos de primera necesidad, en los últimos días se ha observado una moderación en estas compras, probablemente motivada por el temor que ya se empieza a hacer patente: la crisis económica que se avecina motivada por el parón obligado de estos meses.
Según fuentes de la Asociación de Fabricante y Distribuidores AECOC, una vez pasado el miedo al desabastecimiento de alimentos, el consumidor ya teme el impacto de la crisis, por lo que el precio vuelve a ser un elemento clave en las decisiones de compra. Y este factor irá ganando importancia una vez que termine el confinamiento.
Sector ganadero: ovino y caprino
El otro gran problema lo encontramos en el segundo pilar que sustenta a la industria agroalimentaria: el sector hostelero. El cierre de hoteles, restaurantes y bares está teniendo una incidencia especial en los sectores agrícolas y ganaderos.
Un buen ejemplo de ello es la crisis que está atravesando el sector ganadero de ovino y caprino, para el que la hostelería es uno de sus principales canales de distribución. Tal y como se asegura desde Interovic (Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino), “muchos de los corderos criados por nuestros pastores tienen en los restaurantes y asadores su principal punto de destino. El actual cierre de la restauración ha eliminado una de las grandes bolsas de consumo de cordero lechal. En este escenario, disfrutar de nuestras carnes de lechal, cordero y cabrito en las cocinas domésticas es la única alternativa actual para la supervivencia del sector productor”.
Por ello, la Interprofesional presentó ante el Gobierno una serie de medidas para contribuir a reducir el impacto de esta crisis en este sector que, parece, han tenido respuesta. La semana pasada, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunciaba la previsión de destinar 10 millones de euros para compensar a los ganaderos por las pérdidas ocasionadas por esta crisis. “En un inicio estaba previsto tramitar la ayuda mediante un pago por cordero no comercializado. Por cuestiones de simplificación administrativa y atendiendo a las peticiones recibidas de las comunidades autónomas, se ha modificado esta subvención en un pago por oveja y cabra elegible que el ganadero cobrará de manera adicional en sus ayudas de la Política Agraria Común (PAC), mediante los pagos asociados. De esta forma, los ganaderos no tienen que hacer ninguna gestión adicional, ya que percibirán de forma automática esta compensación asociada a su solicitud de la PAC y que presentan todos los años”, han asegurado fuentes del Ministerio.
En Castilla-La Mancha, uno de los principales productores de ganado ovino y caprino, el Gobierno regional ha anunciado una inversión de un millón de euros propios para el sector, de manera complementaria a las ayudas estatales. También han solicitado que se active, por parte de la Comisión Europea, el mecanismo de crisis y que se pueda producir el almacenamiento de la carne y la leche deshidratada. La Comisión Europea ha respondido a estas peticiones, anunciando que antes de que termine el mes de abril se aprobará una ayuda al almacenamiento privado de productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla, queso) y cárnicos (carne de vacuno, ovino y caprino).
El sector agroalimentario demanda, además, otra serie de medidas que ayuden a paliar la crisis, entre ellas la promoción de la compra y consumo de productos españoles, la financiación de campañas publicitarias a nivel nacional que fomenten el consumo de estos productos, concienciando de la importancia del sector agroalimentario para la economía de las familias en las zonas rurales de nuestro país, la flexibilización de criterios de la PAC y otras medidas de carácter fiscal y laboral.
Falta de mano de obra en el sector agrícola
Precisamente, en el ámbito laboral encontramos otro problema enorme al que se está enfrentando el sector, y que no es otro que la falta de mano de obra para recoger las cosechas en un momento clave como este.
Las cifras son claras, según algunas asociaciones agrarias, las necesidades de mano de obra del sector agrario se cifran entre 100.000 y 150.000 trabajadores que, en circunstancias normales se cubrían, en gran parte, con trabajadores extranjeros. La prohibición de movilidad ha provocado que esta mano de obra no pueda llegar y, a pesar del incremento de las cifras de paro en nuestro país, estas necesidades no se están cubriendo.
A principios de abril se aprobaba el Real Decreto-ley 13/2020 por el que se adoptaban medidas urgentes en materia de empleo agrario, con el fin de favorecer la contratación temporal de trabajadores para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma. El RD establece que podrán ser beneficiarios de estas medidas aquellas personas en situación de desempleo o cese de actividad, así como trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad; trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del estado de alerta y el 30 de junio de 2020; y jóvenes nacionales de terceros países, entre los 18 y los 21 años, que se encuentren en situación regular.
También se estableció que estas medidas serían compatibles con el cobro del subsidio de desempleo y otras prestaciones de carácter económico o ayudas sociales que ya tuvieran, y se simplificaron las tramitaciones de los procedimientos. Sin embargo, estas medidas no han dado los frutos deseados y la escasez de mano de obra que permita asegurar el abastecimiento de estos productos continúa siendo un problema.
Fomentar la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales
A todo esto, hay que añadir la llegada de productos agroalimentarios procedentes de terceros países que, en ocasiones, ni siquiera llegar a cumplir las mismas exigencias fitosanitarias que se exigen a los productores nacionales, como ya hemos denunciado en otras ocasiones.
Es cierto que se ha tratado de fomentar los canales de distribución cortos y los mercados locales, como modo de aumentar la interacción entre consumidores y productores, creando relaciones de confianza y la posibilidad de realizar una trazabilidad inmediata de los productos por parte de los consumidores, tal y como se recogía en la Orden 155/2018, de 25 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. A través de esta Orden se aprobaban subvenciones a la cooperación entre agentes de la cadena para lograrlo. De hecho, los plazos de presentación de la solicitud de pago y la cuenta justificativa de estas medidas, correspondiente a la primera anualidad de los proyectos aprobados de la convocatoria 2019, se han ampliado hasta el 30 de junio, según lo establecido en la Orden 57/2020, de 16 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, para adecuarse a la nueva situación generada por el COVID-19.
Cualquier medida dirigida a conseguir que los productores puedan vivir dignamente cultivando productos de calidad, fomentando mercados locales y hábitos de consumo entre los consumidores que lo hagan posible, será bienvenida, máxime en los tiempos que corren.
