El pasado 27 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, una iniciativa que, sobre el papel, busca revertir la degradación de los ecosistemas europeos y restaurar la biodiversidad. Con el objetivo de restaurar, al menos, el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030 y…
El sector agrícola europeo, en general, y español, en particular, se encuentra en una encrucijada histórica. Con el anuncio del gobierno de eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, los agricultores se enfrentan a un futuro incierto. La Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP28), celebrada a finales del año pasado, ha sido el último escenario donde España, alineándose con otras once naciones, ha decidido avanzar hacia una economía menos dependiente de los combustibles que han alimentado la industria y la agricultura durante décadas.
La agroindustria es un sector fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de millones de personas. Sin embargo, nos encontramos con que, según datos de la FAO, la agricultura y el uso del suelo representan el 24% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En un mundo cada vez más consciente de los desafíos climáticos, la agroindustria se enfrenta a la necesidad de adaptarse a prácticas más sostenibles. En este contexto, los mercados voluntarios de carbono emergen como una solución prometedora que ofrece una oportunidad para incentivar y financiar acciones de mitigación y adaptación en este sector. Pero, ¿qué son exactamente estos mercados y cómo benefician a la agroindustria? ¿Está realmente la agroindustria preparada para participar en ellos?
El pasado 11 de julio se celebraba la toma de posesión de los Consejeros que formarán parte del Gobierno de Castilla-La Mancha durante la próxima legislatura, designados por Emiliano García-Page, que continúa al frente del ejecutivo regional, acompañado de José Luis Martínez Guijarro, como vicepresidente primero, y José Manuel Caballero, como vicepresidente segundo.
El pasado 30 de marzo se aprobó la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, una norma cuyo objetivo, sobre el papel, es fomentar la agricultura familiar, un activo vital para la sostenibilidad del medio rural; preservar los alimentos típicos del territorio; contribuir a una producción tradicional de alimentos; salvaguardar la biodiversidad agraria y el uso sostenible de los recursos naturales, así como mejorar la sostenibilidad social y económica del entorno. La Ley viene con polémica.
Dicen que, muchas veces, la realidad supera la ficción. Y así es como se empieza a sentir el mundo después de estos dos últimos años, como si estuviésemos viviendo en un guión de película apocalíptica. Tras una pandemia mundial (que aún da sus últimos coletazos), nos vemos sumidos ahora en lo que parece que va a ser una crisis sin precedentes provocada, entre otros factores, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y que, además de la incalculable pérdida de vidas humanas, está afectando a tres sectores clave para la economía global: la energía, los mercados financieros y los productos agrícolas.
El sector agroalimentario es estratégico para la economía española y lo está siendo aún más durante la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Está claro que ha respondido de manera ejemplar, continuando con su actividad en las circunstancias más difíciles gracias a la tenacidad de productores, trabajadores y empresarios del sector agrario y pesquero, así como de la distribución, desde el momento en que se decretó el estado de alarma. Sin embargo, el camino no está siendo nada fácil y el sector se enfrenta a grandes dificultades que deben ser tenidas en cuenta, tanto durante el tiempo de estado de alarma como una vez iniciada la tan ansiada desescalada.
La crisis sanitaria sin precedentes que estamos viviendo en España, provocada por el coronavirus o COVID-19, está poniendo “patas arriba” el mundo tal y como lo conocemos. El estado de alerta decretado por el Gobierno ha confinado a una gran parte de la población en sus hogares, a la que solo se permite salir para cubrir necesidades básicas, como el trabajo (aquellos que no pueden ejercer “teletrabajo”) y la adquisición de bienes de primera necesidad. Por ello, creemos que es un buen momento para reflexionar sobre el carácter estratégico de nuestro sector agroalimentario y todo lo que ello conlleva.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado un paquete de medidas para valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos, con el fin de que obtengan unos precios adecuados por sus productos. Esta decisión se ha dado a conocer tras presidir, el pasado 3 de febrero, la reunión constitutiva de la Mesa de Diálogo Agrario entre el Gobierno y las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA.
Nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Uno de estos impactos negativos sería la puesta en riesgo de la viabilidad comercial a medio plazo de algunos cultivos, como los cítricos, la vid y el olivo.
