El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que Castilla-La Mancha recibirá un total de 35,3 millones de euros procedentes del reparto de fondos nacionales para la reestructuración y reconversión de viñedo, el 48 por ciento de los recursos que se reparten entre las comunidades autónomas y del cual se van a beneficiar los viticultores de la región.
El anuncio se ha llevado a cabo tras la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para asuntos comunitarios y la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, desarrollado en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el pasado día 10 de julio.
Además, en esa misma reunión, y dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola, se determinó la asignación a Castilla-La Mancha de 3,2 millones de euros del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) para la promoción de vinos a terceros países fuera de la Unión Europea. Esta cuantía servirá para llevar a cabo la promoción de 121 propuestas presentadas por 83 bodegas y cooperativas vitivinícolas de la región.
Programa de Desarrollo Rural para 2018
La conferencia sectorial también analizó la territorialización de los 12,7 millones de euros que corresponden a la Administración General del estado del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para Castilla-La Mancha en 2018.
El gobierno regional considera que el presupuesto es insuficiente y que la cantidad debería ser mayor. Así, volvió a denunciar que el PDR de la región “cuenta con una aportación de la Administración General del Estado de 226 millones de euros menos que el que teníamos en el periodo anterior”, aseguró.
Negociación de la nueva PAC
Sobre la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 20121-2017, el Consejero afirmó que “tenemos unos reglamento de la Comisión Europea encima de la mesa y hay que decir qué nos gusta, qué no nos gusta y qué cosas tenemos que incluir en ese documento y que no están”.
Los responsables del gobierno aseguraron que hay una serie de cuestiones relativas a los mercados que deberían quedar recogidas en el documento, entre ellas la posibilidad de que el sector se autorregule y que haya mecanismos de mercado que respondan a la volatilidad de precios que sufren los agricultores y ganaderos.
Asimismo, han planteado también la posibilidad de que haya una mención expresa a la normativa de competencia, viendo necesario que “el sector agroalimentario debe estar exento del cumplimiento de algunas cuestiones de la normativa porque no es posible defender en buenas condiciones los productos de agricultores y ganaderos”.
