El pasado 30 de marzo se aprobó la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, una norma cuyo objetivo, sobre el papel, es fomentar la agricultura familiar, un activo vital para la sostenibilidad del medio rural; preservar los alimentos típicos del territorio; contribuir a una producción tradicional de alimentos; salvaguardar la biodiversidad agraria y el uso sostenible de los recursos naturales, así como mejorar la sostenibilidad social y económica del entorno.
Hasta aquí, todo perfecto. Tal y como recoge el texto de la ley, “son diversos los problemas a los que se enfrenta actualmente la agricultura familiar y que hacen preciso el desarrollo de políticas agrarias, ambientales y sociales propicias para lograr una agricultura familiar más sostenible. Dichos problemas principalmente son la continuidad de la explotación o mantenimiento de la misma a través de las nuevas generaciones, la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres, especialmente cuando son cónyuges del titular, la falta de formación e información de quienes se dedican a la actividad agraria, las dificultades derivadas del mercado de la tierra y el proceso de distribución de los productos agrarios en el seno de la cadena de producción de alimentos en los que la distribución de riesgos y beneficios suele ser muy desfavorable para el sector agrario”.
Es un hecho constatable que cada vez menos jóvenes apuestan por el trabajo en el sector primario y no dan continuidad a las explotaciones familiares, lo que provoca un éxodo desde los pueblos a las ciudades y debilitan un sector, como el agrario y el ganadero, tan importantes para la subsistencia.
Puntos de interés de la ley
La Ley de Agricultura Familiar viene a completar la regulación con la creación de dos nuevos tipos de explotación agraria: las figuras de Explotación Familiar Agraria Individual (aquellas en las que su titular sea una persona física o personas físicas con titularidad compartida de la explotación familiar) y Explotación Familiar Agraria de base asociativa. (sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades civiles, laboral o mercantil, cuyas personas socias y cuota de participación estén claramente identificadas).
Además, se introduce la figura de las Zonas de Protección Agraria, para aquellos ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma en los que el ejercicio o mantenimiento de la actividad agraria constituyan factores de gran relevancia de cara a la funcionalidad y cohesión económica, ambiental y social del territorio. Cuando la complejidad y el logro de una mejor ordenación y protección de la zona agraria de que se trate así lo exijan, la Declaración podrá acordar la formulación de un Plan de Zona de Protección Agraria.
Por último, se crea un Banco de Tierras disponibles, cuyo objetivo es facilitar la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o cultivables, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con la finalidad de la recuperación de tierras abandonadas, recuperar y/o frenar la pérdida de superficie agraria útil, así como mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones, contribuyendo de este modo a fijar la población en el medio rural.
Más ayudas para explotaciones familiares
El Gobierno afirma que habrá un incremento de la intensidad o la cuantía de las ayudas, siempre que lo permita la normativa estatal y/o comunitaria, en materia agraria.
Además, se priorizarán medidas que contribuyan a la ordenación territorial y la preservación de las actividades agrarias y forestales en áreas catalogadas como zonas de protección agraria.
También se priorizará el apoyo a la creación y reactivación de agrupaciones de productores y canales de venta en corto, en el que participen explotaciones familiares agrarias, siempre que así lo permita la normativa estatal y/o comunitaria.
Se establecerán líneas de ayudas financieras, de ayudas para constituir avales o ayudas de auxilios de cualquier tipo adaptadas a este segmento de la agricultura familiar.
Se dará prioridad a estas explotaciones en la adjudicación de tierras provenientes del Banco de Tierras. Y tendrán un apoyo específico a la formación, información y asesoramiento agrario y forestal.
Por último, se les aplicará prioridad en incentivos para el uso de energía basada en fuentes de producción renovables, así como un incremento de un 10 por ciento de la intensidad o cuantía de ayuda, siempre que lo permita la normativa estatal y/o comunitaria en materia agraria.
En todos estos casos, la ley contempla que las mujeres y los jóvenes serán grupos de actuación preferente, con el fin de facilitar el acceso de estos grupos a la actividad agraria.
Polémica: expropiación de tierras por infrautilización del suelo agrario
La polémica de esta Ley llega con el artículo 26, titulado “Infrautilización del suelo agrario” y que recoge que “cuando la Consejería, previo informe técnico, detecte que una parcela agraria podría estar infrautilizada, procederá a iniciar de oficio el procedimiento para su eventual declaración como suelo agrario infrautilizado y apercibirá a quien sea titular de dicho suelo de las consecuencias que se derivan del mantenimiento de dicha situación conforme a lo que establece esta ley en su artículo 29”. ¿Y qué dice el artículo 29? Pues, ni más ni menos, que si la Consejería considera que una parcela o finca rústica está incumpliendo la función social del uso de la tierra, por su infrautilización, se puede iniciar un proceso de Expropiación Forzosa que finalizaría con la incorporación de esos terrenos al Banco de Tierras por un plazo no inferior a diez años ni superior a veinticinco.
¿Es una situación evitable? En principio, si el propietario o poseedor de realización de realización de una práctica agroforestal aporta un compromiso, por escrito, respetando las buenas prácticas específicas fijadas por la Consejería según la tipología del suelo; o acredita la cesión a un tercero del uso y del aprovechamiento de la finca mediante cualquier negocio jurídico válido, podría evitar este procedimiento, pero lo cierto es que la ley está ahí, publicada, y que queda a criterio del Gobierno la expropiación de unas tierras de titularidad privada. Sin duda, una medida que va a traer mucha cola.
